En su segunda edición, el foro “Más Allá de la Siembra: Ley 2173 de 2021 y las Áreas de Vida” reunió a representantes del sector público y privado, autoridades ambientales, gremios, expertos y actores del territorio para analizar los desafíos y oportunidades que plantea la implementación de la norma en Urabá.
Con el objetivo de esclarecer los vacíos técnicos y promover la corresponsabilidad entre el sector privado y las instituciones públicas, RAQUIS S.A.S. llevó a cabo en Apartadó el segundo foro regional “Más Allá de la Siembra: Ley 2173 de 2021 y las Áreas de Vida”. El evento reunió a la delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Laura Duarte, representantes de autoridades ambientales, mandatarios locales, voceros gremiales como Camacol Antioquia y académicos para debatir las claves de la restauración ecológica en el territorio.
Durante la apertura de la jornada, Ángela Rodríguez González, ingeniera forestal, especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y en Gestión de la Sostenibilidad, magíster en Diseño del Paisaje y doctorandaen Sostenibilidad, CEO y fundadora de RAQUIS S.A.S., enfatizó que la correcta implementación de la norma exige romper el aislamiento entre los actores del territorio.
“Ningún actor puede implementar la ley solo: ni la empresa, ni el municipio, ni la autoridad ambiental. Este es un ejercicio de articulación obligatoria que requiere la integración de predios públicos, propietarios privados y la comunidad en general para hacer efectiva la restauración”, señaló la organizadora.
Rodríguez González también destacó la necesidad de fortalecer el conocimiento del sector empresarial sobre la ruta técnica para cumplir con esta obligación legal.
Por su parte, Laura Duarte, contratista de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el apoyo técnico en temas relacionados con restauración ecológica, abordó la problemática de la informalidad predial que afecta a gran parte del país y aclaró los alcances de la Resolución 1491.
Según explicó, los municipios son los encargados de delimitar e incorporar las Áreas de Vida en sus instrumentos de ordenamiento territorial, precisando que los predios con procesos de titulación pendientes no pueden ser habilitados temporalmente para este fin sin el sustento jurídico adecuado que prevenga conflictos sobre el uso del suelo.
De la imposición a la oportunidad de restauración
El foro contó con la ponencia magistral de Francisco Zapata Ospina, exdirector general de Corantioquia y experto en gestión ambiental y minera, quien ofreció un balance sobre el impacto real de la normativa aprobada a finales de 2021.
Zapata aclaró que la norma no debe ser interpretada como una simple “carga tributaria” ni como una jornada aislada de siembra de árboles.
“La ley no es una imposición de reforestación o paisajismo; es un modelo de corresponsabilidad y una apuesta por la restauración ecológica activa de ecosistemas degradados”, precisó.
Asimismo, el experto expuso las razones del retraso institucional en la aplicación generalizada de la ley a nivel regional:
Falta de lineamientos oportunos: entre 2021 y finales de 2025 existió un vacío en la reglamentación técnica nacional que impidió a corporaciones y municipios definir los mapas oficiales.
Baja adopción municipal: en el departamento de Antioquia, menos de seis municipios han consolidado formalmente sus Áreas de Vida en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Alcance corporativo: la ley exige a medianas y grandes empresas sembrar dos árboles nativos anuales por cada empleado vinculado, garantizando su mantenimiento mediante viveros certificados y la supervisión técnica de las autoridades ambientales.
Retos económicos y el valor del trabajo comunitario
En el espacio de debate técnico y panel de preguntas, Julián Ospina, director de Sostenibilidad de Camacol Antioquia, hizo hincapié en la necesidad de transformar el cumplimiento de la norma en una inversión de sostenibilidad y valor agregado.
Los panelistas coincidieron en que, aunque la densidad de siembra y el material vegetal certificado generan impactos presupuestales, las empresas deben canalizar estos esfuerzos hacia estándares internacionales de reporte, como los marcos GRI y TNFD, y esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA).
En el panel también participaron Angela Rodríguez, ingeniera forestal, especialista en sistemas de información geográfica (SIG) y en gestión de la sostenibilidad, magister en diseño del paisaje, doctoranda en sostenibilidad, CEO y fundadora de RAQUIS S.A.S; Juan Esteban Hincapié, director de Biodiversidad y Cambio Climático de la Fundación Grupo Argos; Óscar Vélez, contratista profesional ambiental de la Alcaldía de Apartadó; Santiago Zapata Castillo, ingeniero forestal del SENA; Danilo José Suárez Guerra, contratista para procesos de Ordenamiento Territorial en el municipio de Arboletes; Francisco Zapata, experto en el sector minero ambiental y Yadira Alexandra Bolaños Camacho, CEO de ABC Administrativo, Contable y Jurídico S.A.S.
De igual manera, se destacó el rol de las comunidades locales y grupos étnicos, como los resguardos indígenas y comunidades negras de municipios como Chigorodó y Arboletes, como actores clave e indispensables en el monitoreo, la educación ambiental y la protección a largo plazo de las Áreas de Vida consolidadas.
El encuentro concluyó con una invitación por parte de RAQUIS S.A.S. a superar las discusiones burocráticas y avanzar en acuerdos voluntarios e interinstitucionales entre municipios, empresas y academia la tríada Estado-Empresa-Universidad, que permitan convertir la exigencia legal en una oportunidad para la resiliencia climática de Urabá.
