Apartadó, Antioquia. Julio 02 de 2025
El presidente Gustavo Petro, a través de su abogado Alejandro Carranza, presentó hoy una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el excanciller Álvaro Leyva. Las acusaciones incluyen los delitos de conspiración, instigación a delinquir y otros cargos relacionados.
Audios y reuniones: ¿Un plan para desestabilizar el Gobierno?
La acción judicial surge tras la filtración de unos audios en los que Leyva, al parecer, habla de un supuesto plan para provocar un cambio de Gobierno mediante presiones internas y externas. El abogado del mandatario, Alejandro Carranza, sostuvo que las reuniones y mensajes atribuidos a Leyva revelarían una clara intención de desestabilizar al presidente y buscar su salida anticipada del poder.
“Los audios que ha escuchado el país, junto con lo divulgado en redes y medios sobre las reuniones del señor Leyva, evidencian una intención de generar presión internacional para facilitar un cambio anormal de Gobierno”, explicó Carranza desde el búnker de la Fiscalía.
Presuntos vínculos con ‘Iván Márquez’ y el atentado a Miguel Uribe
Carranza fue más allá y se refirió al atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá. Sugirió que Álvaro Leyva debería responder por sus supuestos vínculos con alias ‘Iván Márquez’, jefe disidente de las Farc.
“En una de las cartas menciona que la defensa política que hace el presidente Petro y sus manifestaciones en medio de un debate político son constitutivas del ataque que recibió Miguel Uribe; no lo dice así, pero lo advierte en una de las cartas diciendo: ¿Qué va a pasar Gustavo cuando ataquen a alguien? Y justo en ese momento atacaron a Miguel Uribe. ¿Quién lo atacó? ‘Iván Márquez’, el que él conocía que estaba vivo por fuera de los términos que le correspondían como Canciller”, señaló Carranza, elevando el tono de las acusaciones.
¿Motivos personales detrás de la ruptura?
El abogado del presidente también planteó la hipótesis de que la conducta de Leyva podría obedecer a una molestia personal por no haber sido ratificado como canciller ni haber logrado un cargo diplomático para su hijo.
“Leyva promueve esa ruptura institucional solamente porque a su hijo no lo nombraron embajador o canciller. Si él hubiera seguido en el cargo o su hijo hubiese sido designado, probablemente no habría enviado las cartas”, afirmó Carranza, sugiriendo una motivación de índole personal en la presunta conspiración.
Llamado a proteger el orden institucional
Carranza concluyó que la denuncia busca salvaguardar el Estado social de derecho y evitar nuevas amenazas contra la institucionalidad. “Este no es un ataque con tanques ni armas. Es un ataque silencioso, con discursos en la oscuridad y reuniones ocultas que pretenden socavar la democracia colombiana”, expresó, enfatizando la gravedad de los hechos denunciados.
La Fiscalía General de la Nación deberá ahora investigar las acusaciones presentadas por el presidente de la República contra su excanciller, en un caso que sin duda generará un amplio debate político y judicial en el país.
