Apartadó, Antioquia – El Estado colombiano admitió oficialmente su responsabilidad en el asesinato de María del Consuelo Ibargüen Rengifo, ocurrido el 21 de febrero del año 2000 en Apartadó, a manos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. El crimen tuvo lugar frente a sus cuatro hijas menores, en la vivienda de su madre, Elaine Rengifo Moreno, en un hecho que marcó profundamente a la familia y a la comunidad.
Este asesinato se enmarca en el contexto de la violencia sistemática que azotaba la región de Urabá durante esa época, y que provocó el desplazamiento forzado de toda la familia, dejando secuelas emocionales y sociales que aún perduran.
Reconocimiento y admisión de violaciones a derechos humanos
En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el reconocimiento formal fue realizado en un acto privado por César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Palomino destacó que “este reconocimiento es un paso fundamental hacia la reparación integral de las víctimas”.
Durante su intervención, se señaló que el Estado colombiano vulneró múltiples derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño, protección familiar, libertad de circulación y protección judicial.
Acompañamiento legal y exigencia continua de justicia
El caso ha contado con el acompañamiento constante del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) durante más de veinte años. Esta organización ha impulsado acciones legales y ha visibilizado la situación ante instancias nacionales e internacionales.
Pese al avance simbólico que representa este reconocimiento estatal, la familia insiste en que la justicia plena sigue pendiente. Los responsables materiales e intelectuales del asesinato no han sido sancionados hasta la fecha y los daños derivados del desplazamiento forzado y el trauma continúan afectando a sus integrantes.
Contexto: La Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Desde su fundación en marzo de 1997, la Comunidad de Paz decidió mantener una postura neutral frente al conflicto armado, rechazando la violencia ejercida tanto por guerrillas como por grupos paramilitares y el ejército. Sin embargo, esta neutralidad convirtió a sus miembros en blancos constantes: más de 170 personas han sido asesinadas o desaparecidas en ataques violentos principalmente atribuidos a paramilitares con presunta complicidad militar.
Este caso ejemplifica las complejas heridas dejadas por décadas de conflicto armado en Colombia y subraya la necesidad urgente de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
