Un nuevo episodio de violencia enluta al municipio de Dabeiba, Antioquia. Según la denuncia pública realizada por la senadora Isabel Zuleta, Ledwan David Henao Posada, señalado como responsable del asesinato de su suegra, Magnolia Alcaraz, de 51 años, y de su hijastro, Juan Rodrigo Chamorro, de 16 años, se habría suicidado durante la noche, después de permanecer en una vivienda contigua al lugar donde ocurrieron los homicidios.
De acuerdo con el pronunciamiento de la congresista, el hombre habría permanecido en el mismo sector durante varias horas, mientras la comunidad manifestaba su preocupación por el riesgo de que pudiera atentar contra otras personas. Zuleta cuestionó la actuación de las autoridades y aseguró que, pese a las alertas de los habitantes, no se habría desplegado oportunamente un operativo para ubicar y detener al señalado responsable.

La senadora también afirmó que la compañera sentimental del hombre había denunciado durante meses presuntas amenazas de muerte y comportamientos de persecución motivados por los celos. Según su relato, el señalado habría amenazado tanto a su pareja como a otros hombres del corregimiento, a quienes acusaba de mantener supuestas relaciones con ella.
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia tiene que ver con la situación de la mujer, quien, según Zuleta, tuvo que esconderse y huir junto con su hija menor ante el temor por su vida. En medio de esta tragedia, perdió a su madre y a su hijo, víctimas de los hechos violentos.
La congresista también cuestionó que el levantamiento de los cuerpos se hubiera realizado hacia las 7:00 de la mañana con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, pese a que había presencia policial en el corregimiento. Asimismo, criticó el pronunciamiento público del comandante de la Policía de Urabá y el comunicado institucional emitido después de lo ocurrido, los cuales, según manifestó, no reflejarían lo sucedido desde la perspectiva de la comunidad.

Ante estos hechos, Isabel Zuleta anunció que presentará denuncias disciplinarias contra los uniformados que, según considera, tenían la responsabilidad de actuar frente a las alertas y no lo hicieron.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de atender oportunamente las denuncias por amenazas, violencia intrafamiliar y riesgo de feminicidio, así como de garantizar medidas de protección efectivas para las mujeres y sus familias.
Las circunstancias del suicidio reportado y las posibles responsabilidades por la actuación institucional deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.







