Medicina Legal confirma que tres menores murieron en el bombardeo de la Operación Amón en Guaviare
Bogotá, D.C. — El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que tres menores de edad (dos de 15 años y uno de 16) se encuentran entre las diez personas que fallecieron tras la ejecución de la “Operación Amón”, un ataque aéreo estratégico adelantado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional el pasado 27 de agosto en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare.
El bombardeo fue dirigido contra tres campamentos de una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Cotiz’ y alineados con la facción de alias ‘Calarcá’, ubicados en cercanías al río Inírida.
Balance de la operación militar
De acuerdo con el informe oficial del Ministerio de Defensa, las diez personas fallecidas participaban activamente en acciones armadas como combatientes. Del total de diez cuerpos trasladados a Medicina Legal, nueve ya fueron identificados (cuatro mujeres, cinco hombres y los tres menores) y uno permanece en proceso de abordaje forense.
Durante el desarrollo de la operación, las fuerzas de seguridad también lograron la captura de un presunto integrante de la estructura y el rescate de otro menor de edad que se encontraba en función de combate, a quien se le restablecieron inmediatamente sus derechos.
En el sitio de los hechos se incautó un importante arsenal de guerra compuesto por:
- 19 fusiles, 7 ametralladoras y 15 armas cortas.
- 1 mortero de 60 mm con 22 granadas.
- 8 granadas de 40 mm y 20 granadas adaptadas para uso en drones.
- 184 minas antipersonales, 174 proveedores y más de 29.000 cartuchos de munición.
Anuncio de denuncias penales por reclutamiento ilícito
El Ministerio de Defensa enfatizó que el bombardeo cumplió con todos los estándares legales y protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicables a ataques aéreos estratégicos. Asimismo, la cartera gubernamental rechazó enfáticamente la práctica del reclutamiento forzado y anunció que interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación contra los cabecillas de estas estructuras criminales.
“El reclutamiento y la utilización de menores de edad constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, señalaron los voceros ministeriales, responsabilizando directamente a los grupos narcoterroristas de infringir tanto el Estatuto de la Corte Penal Internacional como el Código Penal colombiano.
Finalmente, el Gobierno Nacional informó la creación de una mesa de trabajo interdisciplinaria —en la que participarán los ministerios de Defensa y Justicia, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación— orientada a endurecer las penas, ajustar el marco legal y perseguir con mayor contundencia a las redes dedicadas al reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en el país.
