Consejo de Estado estudiará demanda contra el decreto que reduce salarios a congresistas
BOGOTÁ D.C. | ABRIL 21 DE 2026
El debate sobre los ingresos de los legisladores en Colombia llega a los estrados judiciales. El Consejo de Estado anunció la admisión de una demanda que busca anular el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, una de las medidas más polémicas del gobierno del presidente Gustavo Petro, diseñada para recortar el salario de los miembros del Congreso de la República.
Inicio del análisis jurídico
Con la admisión del recurso, la alta corte inicia formalmente el estudio de legalidad de la norma. El caso ha sido asignado al conjuez Héctor Santaella Quintero, quien tendrá la responsabilidad de determinar si el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones o si el decreto cumple con todos los requisitos constitucionales y legales vigentes.
La medida, que ha sido recibida con beneplácito por la opinión pública pero con fuertes críticas y resistencias desde diversos sectores del Legislativo, pretende eliminar la prima especial de servicios. Esta bonificación aplica específicamente para aquellos congresistas que se posesionen a partir del próximo 20 de julio de 2026.
¿Qué está en juego?
Es importante aclarar que la admisión de la demanda no significa que el decreto haya sido suspendido o anulado de inmediato. Sin embargo, abre la puerta a una decisión de fondo que podría:
- Mantener el recorte: Consolidando la orden presidencial como un hito en la reducción del gasto público.
- Tumbar el decreto: Lo que obligaría al Estado a mantener la prima especial, dejando sin efecto la iniciativa de austeridad del Gobierno Petro en este rubro.
Un debate histórico en manos de la justicia
La reducción de los altos salarios en el Congreso ha sido una bandera política durante décadas, impulsada fallidamente a través de consultas populares y proyectos de ley que suelen hundirse en el trámite legislativo. En esta ocasión, el Gobierno optó por la vía del decreto administrativo, una ruta que ahora es cuestionada ante la justicia contencioso-administrativa.
El país queda a la espera del fallo del Consejo de Estado, que definirá si esta medida de austeridad se convierte en una realidad permanente o si se suma a la lista de intentos fallidos por reformar los ingresos del poder legislativo en Colombia.
