BOGOTÁ, 11 de febrero de 2026
La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, presentó un ambicioso plan de atención al hábitat para enfrentar la emergencia que azota a la Costa Caribe y regiones aledañas. Según el balance técnico, se requieren inversiones cercanas a los $5,8 billones para rehabilitar servicios básicos y garantizar techo a miles de familias que lo perdieron todo.
Distribución de la inversión: Agua y Vivienda
La ministra detalló que la prioridad absoluta es la recuperación de la infraestructura sanitaria y el acceso a servicios públicos, distribuyendo los recursos de la siguiente manera:
- $4,4 billones: Destinados exclusivamente a la intervención, reparación y blindaje de los sistemas de acueducto y alcantarillado colapsados por las inundaciones.
- $1,3 billones: Orientados a la construcción de viviendas nuevas, mejoramientos locativos y conexiones intradomiciliarias de servicios públicos.
Emergencia Económica: Una herramienta necesaria
Rivas Ardila fue enfática en que, para ejecutar estas obras con la celeridad que exige la tragedia, es vital contar con la declaratoria de Emergencia Económica. “La magnitud de las afectaciones exige medidas excepcionales. El decreto es fundamental para dar viabilidad jurídica a los procesos de reasentamiento y gestión de suelo“, recalcó la funcionaria.
Cifras críticas: Más de 4.000 viviendas destruidas
El balance del Ministerio de Vivienda revela un panorama desolador en departamentos como Córdoba, Sucre, Chocó, Antioquia, Bolívar, Magdalena y La Guajira:
| Afectación | Cifra Reportada | Departamentos más golpeados |
| Viviendas destruidas | 4.345 | Córdoba (4.298), La Guajira (26) |
| Viviendas afectadas | 11.832 | La Guajira (6.177), Córdoba (4.023) |
| Sistemas de acueducto afectados | 71 municipios | 3,3 millones de personas sin servicio |
| Redes de alcantarillado dañadas | 40 municipios | Colmatación y daños estructurales |
Planificación con la comunidad
La estrategia del Gobierno Nacional no se limita a la construcción de obras, sino que apuesta por un modelo de desarrollo progresivo y reasentamiento coordinado con organizaciones sociales y entes territoriales. “Este resultado será posible si logramos trabajar con la organización social y si acompañamos desde ahora con equipos técnicos a las gobernaciones y alcaldías”, sostuvo la ministra.
Actualmente, cerca de 3,3 millones de personas sufren las consecuencias de la interrupción o colmatación de los sistemas de agua potable, lo que representa un reto de salud pública sin precedentes para la subregión.
