Héctor Rangel Palacio Rodríguez y otros ocho exfuncionarios de su administración están bajo la lupa por transferencias irregulares realizadas entre 2024 y 2025.
APARTADÓ, ANTIOQUIA – ENERO 15 DE 2026
La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una investigación disciplinaria formal contra el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacio Rodríguez, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos del municipio. El proceso también vincula a ocho exservidores que ocuparon cargos estratégicos en su administración entre mayo de 2024 y abril de 2025.
La lupa sobre $3.354 millones de pesos
La investigación se centra en el hallazgo de múltiples transferencias electrónicas que suman un total de 3.354 millones de pesos, las cuales habrían sido ejecutadas desde las cuentas oficiales de la alcaldía hacia terceros.
Según el órgano de control, estos movimientos financieros presentan las siguientes inconsistencias graves:
- Falta de soporte: No existen contratos, resoluciones u órdenes de gasto que justifiquen la salida del dinero.
- Inconsistencias contables: Se detectaron conciliaciones bancarias inconclusas y duplicidad de pagos.
- Discrepancia con el Secop II: Existe una marcada diferencia entre los recursos registrados en la plataforma oficial de contratación del Estado y los pagos reales efectuados por la administración.
Funcionarios bajo investigación
Además del exmandatario local, la Procuraduría vinculó a los siguientes exfuncionarios, quienes deberán responder por su presunta responsabilidad en la gestión de estos recursos:
| Funcionario | Cargo para la época de los hechos |
| Amaury Quejada Buenaño | Secretario de Gobierno |
| Luis Arnobio Cuesta Borja | Secretario de Hacienda |
| Yeged Andrea Espinoza David | Secretaria de Servicios Administrativos |
| Cristian Mena Valencia | Tesorero municipal |
| Tony Luis Lozano Berrocal | Secretario General |
| Edison Alberto Mosquera | Subsecretario de Contabilidad |
| Resurrección Manzano | Jefe de la Oficina Jurídica |
| Kellys Edith Rivas | Funcionaria del área contable y financiera |
Próximos pasos del proceso
El objetivo de la Procuraduría con esta apertura es verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si las acciones de los implicados constituyen una falta disciplinaria o si, por el contrario, existió alguna causal que los exima de responsabilidad.
De hallarse culpables, los implicados podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de la falta calificada por el ente de control.
