Bogotá, Colombia. Diciembre 11 de 2025
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso trascendental en la justicia transicional colombiana al imputar de manera simultánea a siete exintegrantes de las Farc, 21 militares en retiro y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba como máximos responsables de crímenes graves cometidos en la estratégica región de Urabá entre 1986 y 2003.
Esta imputación, enmarcada en el macrocaso 04, sienta un precedente al señalar la responsabilidad conjunta de actores armados y civiles en una dinámica criminal que se tradujo en más de medio millón de víctimas en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba, como Turbo, Apartadó, Carepa, Dabeiba, Acandí, y Riosucio. El auto, de 1.557 páginas, detalla los vejámenes que devastaron a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y líderes sociales en medio de una disputa por el control político, económico y territorial.
Tres Patrones Criminales Determinantes
La JEP identificó y documentó tres patrones criminales principales que estructuraron la violencia en Urabá:
1. Eliminación por Prejuicio de Ser Enemigo
Este patrón se manifestó en masacres y asesinatos selectivos de personas estigmatizadas como colaboradoras de grupos armados rivales, evidenciando una guerra sin cuartel contra la población civil:
- Masacre de Pueblo Bello (Turbo): Paramiliatres, con apoyo del Ejército, asesinaron y torturaron a 43 campesinos señalados de colaborar con la guerrilla. 37 de los cuerpos aún permanecen desaparecidos.
- Asesinato selectivo: El caso de Liliana Londoño Díaz, degollada por miembros del quinto frente de las Farc en 1997, como un acto de “prejuicio enemigo” vinculado al control territorial.
2. Vaciamiento del Territorio y Despojo de Tierras
Este patrón involucró principalmente a exmiembros del Ejército, paramilitares y actores civiles como el Fondo Ganadero de Córdoba. La violencia fue usada como herramienta para la expulsión masiva de población y la adquisición de tierras.
- Modelo de Despojo: La llegada de paramilitares en 1994, en la región de Tulapas (Turbo, San Pedro de Urabá y Necoclí), coincidió con el aumento de homicidios y la consolidación de este territorio como el primer foco de vaciamiento regional.
- Reconocimiento Empresarial: Benito Molina Valverde, presidente del Fondo Ganadero de Córdoba, admitió ante la JEP que la guerra fue la “antesala” para “vaciar el territorio” y abrir paso a intereses económicos, con apoyo paramilitar. Solo en 1995, en Turbo, se registraron 1.484 asesinatos y 395 desapariciones.
3. Control Sociocultural y Territorial
Se refiere a los ataques dirigidos a líderes sociales, bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y el uso de violencia para imponer control sobre la vida comunitaria:
- Masacre de Bojayá (Chocó): El 2 de mayo de 2002, un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las Farc contra paramilitares impactó la iglesia donde se refugiaban civiles, causando la muerte de 98 personas.
- Ataque a Liderazgos: El asesinato de María Ricardina Perea Mosquera, lideresa afrocolombiana en Riosucio, Chocó, a manos de miembros de las Farc, bajo acusaciones no corroboradas.
El Camino Hacia la Responsabilidad
La magnitud de las violaciones documentadas es crítica, con 54.672 víctimas acreditadas en el marco de este macrocaso por crímenes que incluyen homicidios, desapariciones, torturas, violencia sexual, y despojo. En toda la región de Urabá, la cifra de víctimas reconocidas asciende a 504.853.
Los 33 comparecientes tienen ahora un plazo de 60 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad en los crímenes señalados. De aceptar los cargos, deberán comparecer ante las víctimas y asumir públicamente el daño causado, un paso fundamental para la verdad y la reparación en la devastada región de Urabá.
