Urabá, junio 16 de 2025
Los días 12 y 13 de junio se llevó a cabo en Apartadó la primera Mesa Étnica Posfallo de Seguimiento a las Órdenes de Restitución de Tierras, en la que participaron autoridades y miembros de los resguardos indígenas de Tanela, Cuti, Eyáquera y Arquía. Estas comunidades, que suman más de 1.700 personas, cuentan con sentencias favorables emitidas por jueces en 2016 y 2018, que reconocen sus derechos territoriales tras años de conflicto.
Durante la jornada, se evaluó el avance en el cumplimiento de las disposiciones judiciales orientadas a garantizar el acceso a derechos fundamentales como educación, vivienda digna, planes de retorno, desarrollo productivo agrícola y pesquero, así como la recuperación ecológica de sus territorios. La mesa contó con la participación activa de entidades como la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Antioquia, la Agencia Nacional de Tierras, el SENA, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Unguía y el Ministerio del Interior.
José Alberto Kunzell, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Apartadó, destacó que estos espacios buscan asegurar el cumplimiento pleno de las órdenes judiciales para avanzar en la reparación integral y los derechos étnico-territoriales: “Queremos que estas mesas sean mecanismos efectivos para garantizar que las comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos”.
Las autoridades indígenas expresaron algunas dificultades que persisten en sus territorios. En respuesta, varias instituciones se comprometieron a fortalecer su acompañamiento mediante visitas periódicas y priorizar las acciones necesarias para cumplir con las órdenes judiciales pendientes.
Álvaro Izquierdo, líder indígena del resguardo Arquía, resaltó la importancia del seguimiento: “Es fundamental revisar qué se ha cumplido y qué falta para que las instituciones asuman sus responsabilidades conforme a las necesidades prioritarias de nuestras comunidades”.
Estas comunidades indígenas han sufrido desplazamientos forzados, homicidios de líderes, desapariciones y reclutamiento forzado durante el conflicto armado. Por ello, las sentencias emitidas entre 2016 y 2018 representan un paso crucial hacia la restitución territorial y la reparación integral.
